REPORTE NEUQUINO

De acuerdo a Clarín, el tribunal describió un sistema de recaudación ilegal encabezado por exfuncionarios del Ministerio de Planificación y empresarios contratistas del Estado, donde restan 164 hechos de coimas más que serán analizados en próximas audiencias. La expresidenta es juzgada como jefa de una asociación ilícita y coautora de múltiples hechos de cohecho pasivo. 

Cristina Fernández de Kirchner escuchó durante más de cuatro horas la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la primera audiencia del proceso oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Según el detalle presentado por el Tribunal Oral Federal N.º 7, solo en los primeros 40 hechos de corrupción atribuidos a la ex mandataria, se le adjudica haber recibido más de 10,4 millones de dólares en sobornos.

De acuerdo a la información publicada por Clarín, los pagos se habrían realizado entre 2003 y 2015 y tenían como destino el departamento de la entonces presidenta en la intersección de Juncal y Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires. El dinero era trasladado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y provenía de empresarios beneficiados con contratos de obra pública, transporte y concesiones viales.

La Justicia sostiene que existió un sistema de recaudación ilegal articulado por exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Ernesto Clarens, entre otros, y respaldado por empresarios del sector de la construcción y la energía. Las anotaciones del chofer Oscar Centeno —que dieron origen a la causa en 2018— fueron consideradas una pieza clave para reconstruir las maniobras y confirmar los recorridos del dinero.

En esta primera etapa del juicio se leyeron 40 hechos de cohecho pasivo, aunque el expediente contempla un total de 204. En las próximas audiencias se avanzará sobre los 164 casos restantes, que podrían elevar de forma considerable el monto final de los sobornos. La expresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y coautora de múltiples hechos de corrupción, en un proceso que involucra también a 60 empresarios y exfuncionarios que serán juzgados por su participación en la red.