La Casa Rosada eliminó el sistema de financiamiento que garantizaba el acceso sin costo al transporte público para individuos con discapacidad y menores con diagnóstico de cáncer. Esta decisión fue formalizada mediante una resolución que pone en tela de juicio la viabilidad de mantener estas prestaciones sociales.
El Gobierno argumenta que la continuidad de los subsidios enmarcados en resoluciones anteriores carecía de justificación presupuestaria sólida. Desde la administración se enfatiza que pese a la derogación del fondo, el derecho a viajar sin cargo subsiste como obligación del Estado.
Los funcionarios oficialistas han indicado que esta acción se inserta dentro de una estrategia más amplia de reorganización de las finanzas públicas. La medida apunta a identificar modelos alternativos que permitan sostener la gratuidad sin comprometer otros renglones del presupuesto nacional.
Aunque formalmente el beneficio permanece activo en términos legales, especialistas en políticas sociales alertan sobre posibles dificultades operativas para su ejecución. Sin una estructura de financiamiento clara, organismos prestatarios del servicio de transporte podrían enfrentar obstáculos administrativos.
Hasta el momento, las entidades representativas de personas con capacidades diferentes y asociaciones de padres de menores oncológicos no han presentado objeciones públicas formales. Sin embargo, seguros observadores esperan pronunciamientos en los próximos días.
Imagen: Sollange Brenis / Unsplash – Con informacion de La Nación
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