El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido de medidas urgentes para impedir el avance del proyecto británico Sea Lion. La iniciativa contempla la perforación de 23 pozos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte, con actividades previstas a partir de 2027, y busca explotar recursos hidrocarburíferos en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.
La presentación se realizó luego de que venciera el plazo otorgado al Reino Unido para detener las actividades. Con esta nueva acción internacional, la administración de Javier Milei busca proteger los derechos argentinos sobre la plataforma continental, impedir nuevas autorizaciones de explotación y evitar daños ambientales irreversibles mientras avanza el proceso de arbitraje iniciado el 28 de septiembre.
El Gobierno de Javier Milei dio este martes 13 de octubre un nuevo paso en el reclamo argentino por las Islas Malvinas. A través de una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, la Argentina solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La medida apunta directamente contra Sea Lion, un proyecto petrolero desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que contempla inversiones multimillonarias para extraer petróleo de una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa.
El Ejecutivo argentino considera que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas constituyen decisiones unilaterales que afectan los derechos del país sobre los recursos naturales de su plataforma continental.
La presentación fue confirmada mediante el Comunicado Oficial N.º 168 de la Oficina del Presidente, que reafirmó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes.
Un proyecto petrolero de más de USD 2.000 millones en aguas disputadas
El centro de la controversia es el yacimiento Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
En diciembre de 2025, las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration aprobaron la decisión final de inversión que permitió avanzar hacia su desarrollo comercial, luego de obtener autorizaciones de las autoridades británicas que administran las islas.
El proyecto contempla una inversión estimada de USD 2.100 millones hasta su finalización, incluyendo financiamiento y contingencias. Su primera etapa apunta a recuperar alrededor de 170 millones de barriles de petróleo, con una capacidad máxima de producción proyectada de 50.000 barriles diarios.
El plan incluye perforaciones, infraestructura submarina y una unidad flotante de producción y almacenamiento de petróleo. Las primeras tareas de perforación están previstas a partir de 2027, mientras que las compañías proyectan comenzar la producción comercial durante 2028.
Para la Argentina, el avance de estas actividades constituye un problema que excede lo económico: implica la explotación de recursos naturales en un espacio marítimo sobre el cual mantiene un reclamo de derechos soberanos.
Argentina recurrió a un mecanismo internacional para intentar detener las perforaciones
La presentación realizada en Hamburgo forma parte de una estrategia jurídica iniciada el pasado 28 de septiembre de 2026, cuando la Argentina puso en marcha un procedimiento arbitral contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Como ese tribunal arbitral todavía no se encuentra constituido, el Gobierno recurrió al artículo 290, inciso 5, de la Convención, que permite solicitar medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El mecanismo busca preservar los derechos de las partes mientras se desarrolla el proceso principal y prevenir posibles daños graves al ambiente marino.
La Argentina pretende que se suspendan las actividades vinculadas con Sea Lion, que no se otorguen nuevas autorizaciones que agraven la controversia y que se protejan tanto los recursos naturales como el ecosistema marítimo de la región.
El planteo no supone que el Tribunal del Mar deba resolver la soberanía de las islas, sino que apunta a determinar si corresponde adoptar medidas preventivas sobre las actividades petroleras mientras continúa pendiente la disputa.
El antecedente de Naciones Unidas y la disputa de soberanía
El reclamo argentino se apoya también en el reconocimiento internacional de la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, mediante la cual reconoció la disputa sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos países a continuar las negociaciones para encontrar una solución pacífica.
Desde entonces, la Argentina ha rechazado reiteradamente las decisiones unilaterales británicas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en las aguas circundantes al archipiélago.
El Gobierno argentino sostiene que el desarrollo de nuevos proyectos hidrocarburíferos, sin acuerdo entre las partes, puede agravar una controversia internacional que permanece sin resolución.
El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición sobre la administración de las islas y defiende las actividades económicas autorizadas en la zona.
Milei busca impedir la explotación unilateral de recursos argentinos
La decisión de acudir al Tribunal del Mar incorpora una nueva instancia jurídica internacional al reclamo argentino sobre Malvinas.
Además de cuestionar las licencias petroleras otorgadas por las autoridades británicas, el Gobierno busca evitar que comiencen perforaciones que puedan producir modificaciones permanentes en el lecho marino o afectar los recursos existentes.
El planteo ambiental adquiere especial relevancia porque los hidrocarburos son recursos no renovables. Desde la posición argentina, permitir su extracción antes de que se resuelva la controversia podría generar consecuencias imposibles de revertir completamente mediante una compensación económica posterior.
La presentación también se suma a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer los controles y las sanciones sobre actividades de exploración y explotación de recursos naturales no autorizadas por la Argentina en el área de Malvinas.
De esta manera, la administración de Javier Milei busca trasladar la controversia por Sea Lion al ámbito judicial internacional y obtener una medida que impida el avance del proyecto mientras continúa el procedimiento arbitral.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá evaluar la solicitud argentina y determinar si existen condiciones de urgencia que justifiquen una intervención provisional.
Mientras tanto, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, con el objetivo de proteger los derechos que reivindica sobre los recursos naturales de la región.
Fuentes consultadas y verificadas
- Presidencia de la Nación — Comunicado Oficial N.º 168 (13/10/2026). Confirma la presentación argentina ante el Tribunal del Mar y el arbitraje iniciado el 28 de septiembre.
Gobierno de Argentina
- Rockhopper Exploration — Decisión final de inversión en Sea Lion. Detalla costos, producción proyectada y cronograma del proyecto.
Rockhopper Exploration plc
- Navitas Petroleum — Proyecto Sea Lion. Confirma la ubicación y la previsión de comenzar la producción de petróleo en marzo de 2028.
Navitas Petroleum
- Naciones Unidas — Resolución 2065 (XX). Reconoce la existencia de la disputa de soberanía e insta a una solución negociada.
Tratados de la ONU
- Reuters — Repercusiones internacionales del reclamo argentino. Incluye la respuesta británica del 13 de octubre.
Reuters
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